"4,32 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"
Entrevista
Ignacio Tremiño, Director General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad
“Somos impulsores de las cláusulas sociales y el grupo popular presentará una propuesta mejor y más consensuada”
21/03/2014
Blanca Abella - Imágenes: Jorge Villa
A pesar de que el grupo popular rechazó recientemente en el parlamento una propuesta sobre la inclusión de cláusulas sociales en la contratación pública, el director de políticas de discapacidad asegura que este Gobierno es un impulsor de estas medidas y que van a preparar una propuesta mejor y consensuada por todos. Tremiño afirma además que en estos tiempos tan complicados, y con poco más de dos años de gobierno, siempre han tomado medidas de acción positiva para que los ajustes no afectaran a las personas con discapacidad. El balance es positivo incluso con la Lomce, pues asegura que el desarrollo de esta ley mejorará la norma y, a pesar de lo que se diga, España es el país de Europa más avanzado en inclusión educativa.
Han sido dos años muy complicados y desde el ministerio hemos trabajado para que la crisis afecte lo menos posible, o no afecte, a las personas con discapacidad, teniendo en cuenta que al final, la asistencia directa a las personas en servicios sociales y en concreto en la discapacidad, depende de las comunidades autónomas y eso nos ha hecho más complicado el hacer políticas y que se tomen medidas de acción positiva a favor de las personas con discapacidad.
Precisamente, una de las principales quejas del sector de la discapacidad está relacionada con las grandes diferencias en la prestación de servicios que podemos encontrar entre las diferentes comunidades autónomas. Por ejemplo, en la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, ¿no se podría establecer desde el Gobierno central unas condiciones mínimas que obliguen a un cumplimiento más equilibrado en todas las comunidades?
Ya se ha hecho, la mal llamada Ley de Dependencia, cuando llegamos estaba colapsada, atascada, había más de 300.000 personas en lista de espera para entrar en este servicio, con desigualdades territoriales muy importantes, cierto, y con soluciones diferentes dependiendo de la comunidad y precisamente lo que se hizo con la reforma de la Ley de Autonomía Personal fue garantizar su continuidad. Aunque fue muy criticada por las medidas que se tomaron, dos años después se ha demostrado que era necesario, y si no, a fecha de hoy, no tendríamos Ley de Autonomía Personal.
Cuando llegamos había una lista de 305.000 personas y ahora es de 190.000 personas, se ha reducido en un 37 por ciento. Ese es un dato objetivo, contrastado, que dan el Imserso y las comunidades autónomas. Con lo cual dos años después se puede decir que las medidas que se tomaron han sido efectivas y han garantizado la continuidad de la dependencia.
"Se ha consolidado la Ley de Autonomía Personal y se ha garantizado para el futuro para todas las personas que tengan esa necesidad"
Hay 15.000 personas más beneficiarias de la Ley de Dependencia respecto a las de hace dos años. No solo se ha reducido la lista de espera sino que ahora ya hay más beneficiarios que hace dos años. Además se han creado 6.000 puestos de trabajo de asistentes personales, profesionales. Y el Tribunal de Cuentas, que hizo un informe en relación a los años 2007-2011 en el que se detectaron diferentes irregularidades, a fecha de hoy ha hecho un informe en el que ha puesto negro sobre blanco que el Imserso ha liderado un proceso de simplificación normativa que hacía falta, que hará un proceso mucho más transparente que evita estas irregularidades y en cualquier caso se ha consolidado la Ley de Autonomía Personal y se ha garantizado para el futuro para todas las personas que tengan esa necesidad.
¿Se ha logrado también cambiar la tendencia que existía de favorecer la prestación económica antes que la asistencia personal en esta norma?
Se ha regularizado y se ha hecho todo mucho más transparente y por eso ahora las soluciones que se toman en cada caso son las que se deben tomar. Los recursos que recibe el usuario en cada caso son los que realmente necesita.
En nuestro país estamos muy bien dotados en cuanto a normativa referente a la discapacidad, sin embargo el cumplimiento es escaso, ¿qué se puede hacer para favorecer el cumplimiento?
Precisamente ese fue uno de los motivos por el que hemos impulsado la Ley General de Derechos de Personas con Discapacidad y su inclusión social, que al final trata de refundir en un único texto, consolidando un poco más los derechos de las personas con discapacidad, la Lismi, la Liondau y la Ley de Infracciones y Sanciones. Se han actualizado las tres leyes, pues la Lismi tenía ya más de 31 años, y esta última ley aprobada en diciembre ha servido para consolidar los derechos de las personas con discapacidad y para dar un nuevo impulso para que las comunidades autónomas se sumen a esta nueva ley y a partir de la misma desarrollen sus proyectos normativos y, por ende, se cumpla.
"La Ley General de los Derechos de Personas con Discapacidad se ha hecho con el mayor consenso que nunca ha habido en la historia de la democracia"
A diferencia de otras leyes, la Ley General de los Derechos de Personas con Discapacidad se ha hecho con el mayor consenso que nunca ha habido en la historia de la democracia, porque desde el minuto cero se ha trabajado con las organizaciones de personas con discapacidad y con las comunidades autónomas, con el objeto de que al final sea una ley que se cumpla, que no quede en el papel, que sirva para que se garanticen los derechos de las personas con discapacidad. Hay un capítulo específico que garantiza el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad.
Una de las formas de favorecer algunos cumplimientos sería la inclusión de cláusulas sociales en la contratación pública, una demanda del CERMI que apenas supone un coste para las administraciones. Recientemente el Congreso rechazó, con la mayoría de votos del PP, una propuesta en este sentido que fue apoyada por el resto de grupos parlamentarios. ¿No es extraño que ocurra esto cuando en comunidades autónomas gobernadas por el PP se han impulsado normativas en este sentido?
No es que se rechazara, hubo una votación pero es evidente que el PP y el Gobierno están de acuerdo y además es un impulsor de las cláusulas sociales, como ha ocurrido en Castilla y León y Extremadura, que han sido pioneras en la inclusión de cláusulas sociales. Y soy un convencido en este tema, pero el otro día lo que ocurrió es que el Grupo Parlamentario Popular quiso mejorar la propuesta que había y que fuera más consensuada por todos los grupos y realmente es lo que se ofreció, prepararla mejor y consensuarla entre todos. Saldrá en adelante seguro.
"Somos el país más avanzado de Europa en educación inclusiva, no solo desde el punto de vista legislativo sino también en la práctica"
Otro de los temas más críticos es la aprobación de la Lomce, que no fomenta la educación inclusiva según el sector de la discapacidad. Recientemente la Defensora del Pueblo pidió que esta norma garantice esa inclusión y la no discriminación de alumnos con discapacidad. ¿Se tomará alguna medida en este sentido?
Por supuesto. En el grupo de trabajo de la Lomce ha participado también esta dirección y este ministerio y han participado las entidades sociales y organizaciones. Hay que mejorar, y seguro que el desarrollo se mejorará. Pero también hay que tener en cuenta que España es el país más avanzado de Europa en inclusión educativa. El 80 por ciento de los alumnos con discapacidad en este país están en colegios normalizados. Esto no ocurre en ningún otro país de Europa. Evidentemente tenemos que seguir trabajando para que el cien por cien sea así, pero en cualquier caso somos el país más avanzado de Europa no solo desde el punto de vista legislativo sino también en la práctica.
Precisamente, cuando tuvimos la visita del Comisario de Derechos Humanos de la Comisión Europea, fue uno de los datos que le llamó la atención en positivo, que somos pioneros en Europa.
Sin embargo, hay que seguir favoreciendo esa inclusión y no dejar que los recortes afecten a los apoyos necesarios de muchos alumnos con discapacidad, como ha ocurrido en algunos casos, ¿no es así?
En todos los ajustes que ha tenido el Gobierno, incluido educación, se han tomado medidas de acción positiva para que no afectaran a las personas con discapacidad. Esto es una realidad y tengo un listado que te puedo ir leyendo en todo lo que se ha aprobado en los últimos años porque en todas se ha tenido un especial interés hacia las personas con discapacidad. Es decir, la discapacidad ha estado en la agenda política del Gobierno, y lo seguirá estando.
Pero según un estudio reciente, ‘Impacto de las medidas de austeridad en las personas con discapacidad en la Unión Europea’, las personas con discapacidad en España tienen una probabilidad del 25% de experimentar pobreza. Según el director de Relaciones Sociales e Internacionales y Planes Estratégicos de Fundación ONCE, Miguel Ángel Cabra de Luna, el mayor impacto de la crisis está teniendo lugar en el ámbito del empleo y de las prestaciones en materia de dependencia. ¿No es esto efecto de los recortes y la crisis?
No. Las personas con discapacidad, por desgracia, y no es un problema de estos años ni de la crisis, somos un colectivo vulnerable, porque históricamente no hemos tenido las mismas oportunidades que el resto de los ciudadanos y tenemos menos acceso a los recursos. Además, el coste de vida de una persona con discapacidad es muy superior al de una persona sin discapacidad. Pero por ejemplo, en materia de empleo, que es verdad que es la manera de luchar contra ese dato de pobreza del estudio, aunque estamos todavía muy lejos de los datos del resto de la población, porque la tasa de población activa de las personas con discapacidad es cuarenta puntos superior a la de personas con discapacidad, sin embargo estamos trabajando en materia de empleo y en la reforma laboral del año 2012, muy criticada por la oposición, se recuperaron todas las medidas de fomento del empleo de las personas con discapacidad que habían sido derogadas en la legislatura anterior, en el año 2011.
Consecuencia de esto, ya en 2013 el empleo de las personas con discapacidad ha ido creciendo constantemente hasta que en enero de 2014 el resultado es que se ha crecido un 19,4 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior. Es decir, lo que estamos haciendo en materia de empleo para evitar ser un colectivo vulnerable va en buena dirección. Además hemos crecido tanto en CEE como en empleo ordinario, que es un dato importante, porque de ese 19,4 por ciento hay un 25 por ciento que se ha crecido en CEE pero un 6 por ciento también en empleo ordinario. Vamos en la buena dirección, gracias en realidad a las organizaciones de personas con discapacidad, que son las que crean empleo y a los empresarios, que son los que crean empleo. Pero sí es cierto que el Gobierno vio que era necesario recuperar esas medidas de fomento del empleo. Ese es el mayor dato objetivo de que la discapacidad es importante y la tenemos presente en el día a día.
"El sistema que se ha incluido de copago va en función de la renta de las personas"
Frente a ese dato positivo, en el lado negativo tenemos unos copagos que afectan al sector de la discapacidad en gran medida, entre otros sectores.
¿Qué copagos? En sanidad no se paga nada, es totalmente gratuita para todos los residentes en España y para todas las personas con discapacidad. En donde hay cofinanciación o copago es en la farmacia, y en cualquier caso también ahí se han tomado medidas de acción positiva para que las personas con discapacidad no estén afectadas. Están exentos de copago todas las personas con discapacidad perceptores de Lismi, perceptores de pensiones no contributivas, con lo cual, aquellas personas más vulnerables del colectivo de personas con discapacidad no tienen copago. Los pensionistas pagan un diez por ciento con un tope de 8 euros mensuales, que es igual que el resto de pensionistas.
El sistema que se ha incluido de copago va en función de la renta de las personas, esto es una realidad, y las personas que tienen menos renta, es decir las más vulnerables, entre las que están las personas con discapacidad, han quedado exentas de ese copago.
Hay otras cuestiones pendientes que persisten en el tiempo, a pesar de la clara discriminación que conllevan y de ir contra la convención de la ONU sobre Personas con Discapacidad, como es la limitación del derecho a voto en algunos casos, ¿tiene previsto su Gobierno alguna modificación en este tema?
Estamos trabajando con el ministerio de Justicia y el ministerio del Interior en esa línea, y también hemos pedido el concurso del CERMI, la colaboración para avanzar. Todas son medidas que van en favor de las personas con discapacidad y, sobre todo, en cumplimiento de la Convención de la ONU sobre discapacidad, que España ha ratificado. Son medidas que iremos mejorando y cumpliendo, entre ellas está en la agenda el derecho al voto a las personas con discapacidad.
El CERMI celebraba recientemente la declaración del Parlamento Europeo para crear una Dirección General sobre Discapacidad dentro de la Comisión. Esta iniciativa responde a una petición tanto del CERMI como del Foro Europeo de Personas con Discapacidad (EDF), ¿es un paso más en Europa?, ¿beneficia las relaciones entre los europeos en temas de discapacidad?
Es algo positivo y necesario y nos facilita mucho esa interlocución directa en materia de discapacidad. Nos ayuda en la coordinación de políticas de discapacidad y también para que la aplicación de la Convención de la ONU sobre Discapacidad que estamos haciendo en España se haga también en Europa, que también ratificó esa norma.
"La discapacidad ha estado en la agenda política del Gobierno diariamente, permanentemente. Ese es nuestro trabajo, lograr la transversalidad de la discapacidad"
La colaboración con el tercer sector, con la sociedad civil, ¿se ha vuelto indispensable o en tiempos de crisis es complicada?
Nosotros no hacemos nada sin pedir la colaboración del CERMI, como debe ser. La administración no debe ir sola. De hecho, con este Gobierno se creó la mesa del diálogo civil con el tercer sector, algo que exigían las entidades. Eso ha sido un antes y un después, porque es donde se ponen sobre la mesa todos los problemas. Es una interlocución directa y muy ágil con el Gobierno. Nos hemos reunido todos los meses desde que se creó.
En todas las medidas que se han tomado, sean del ministerio que sean, en todas se ha tenido en cuenta a las personas con discapacidad. La discapacidad ha estado en la agenda política del gobierno diariamente, permanentemente. Ese es nuestro trabajo, lograr la transversalidad de la discapacidad. Mi trabajo consiste en visitar a todos los directores generales de todos los ministerios cuando se inicia una reforma o un desarrollo normativo para proponer que la discapacidad tenga un tratamiento especial.
¿Cuáles fueron las principales reclamaciones del sector de la discapacidad cuando se sentaron en esa mesa y que el Gobierno ha podido atender en este tiempo?
Para mí lo más importante nada más llegar y lo que reclamaron las organizaciones con más urgencia al principio fue el tema de los impagos. Había un problema importantísimo de impago por parte de las comunidades autónomas a las entidades sociales, muchas incluso tuvieron que cerrar. En esa mesa, precisamente se puso de manifiesto ese problema, en 2012, y la famosa marcha SOS Discapacidad reclamaba sobre todo que se terminara con ese problema y propició que la ministra Ana Mato se reuniera con el ministro Montoro y el tercer sector. Como consecuencia de esa reunión, que fue en diciembre de 2012, en julio de 2013 aprobamos el plan social, que fue conocido como Plan Social Mato, con 3.000 millones de euros destinados a financiar esa deuda. Salvó y alivió a las entidades que estaban ahogadas. Esa medida ha sido fundamental.
